Este documento tiene como objetivo llevar a cabo un análisis comparativo de los diferentes impuestos existentes en España sobre el vertido y la incineración de residuos, analizando la efectividad de los mismos, las perspectivas de generalización de estos impuestos a otras Comunidades Autónomas, así como sus posibilidades de armonización a nivel estatal.
Actualmente en España, cinco Comunidades Autónomas aplican impuestos sobre residuos. Estas son: Madrid, Andalucía, Murcia, Cataluña y recientemente Cantabria. Dichos impuestos gravan diversos tipos de residuos. Así, Cataluña y Madrid disponen de un impuesto sobre el vertido de los residuos de la construcción. Murcia adopta una definición más amplia gravando los residuos inertes. Por otra parte, los impuestos de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Murcia gravan el vertido de los residuos industriales peligrosos y no peligrosos; mientras que Cataluña es la única Comunidad que aplica un impuesto al vertido e incineración de los residuos municipales y asimilables. En Cantabria se gravan sólo los residuos de las industrias asimilables a municipales. Dado que dicho impuesto se empezó a aplicar en 2010, aún no hay información disponible que permita su evaluación, por lo que no se incluye en el presente análisis.
En teoría, el objetivo principal de un impuesto ambiental sobre el tratamiento finalista de residuos (vertido o incineración) es influir en los responsables de la gestión para que disminuyan el uso de estos tratamientos frente a otros más satisfactorios ambientalmente. Sin embargo, también es relevante el uso que se hace de los recursos obtenidos mediante este impuesto. En este sentido, los recursos se podrían canalizar a financiar actividades que incentivan el reciclaje o la valorización de los residuos.

autoría

Ignasi Puig

fecha

2012

publicación

Instituto de Estudios Fiscales

referencia bibliográfica

Puig Ventosa, I., González, A.C. (2012). La efectividad de los impuestos ambientales sobre el vertido y la incineración de residuos existentes en España. Documentos, 9/2012. Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.