Juanjo Iraegui Navarro (ENT) @jiranav
En el pasado editorial de marzo ya pudimos destacar la insostenibilidad económica del sistema eléctrico español. Recordemos que el déficit de tarifa pendiente a fecha de 31 de agosto de 2012, era de unos 30.400 millones de euros. Esta complicada situación obligó al Estado a aprobar una reforma del sector eléctrico, a través de la Ley 24/2013, que tenía como principio básico asegurar la sostenibilidad económica del sistema. Las acciones que propone la ley se orientan principalmente a reducir el gasto y aumentar los ingresos. Nos centraremos en la parte de los ingresos y dejaremos para una próxima editorial la parte del gasto.
La actuación sobre los ingresos ha consistido, básicamente, en modificar la estructura de la tarifa eléctrica, haciendo que aumente la parte fija y disminuya la parte variable. Es decir, haciendo que los precios sean muy regresivos.
Resulta bastante clarificador para entender este cambio, observar que durante el período 2010 (primer semestre) – 2014 (primer cuatrimestre) en el precio del consumidor doméstico (PVPC 2.0 A) el término de potencia se incrementa en el 129% y el de energía tan solo en el 5% (término para el que la repercusión de los costes regulados baja en un 24%).
Los efectos inmediatos de esta nueva composición de la tarifa son un aumento significativo del riesgo de pobreza energética y un mayor desincentivo al ahorro y a la eficiencia.
En primer lugar, aumentar la parte fija de la factura significa que todos esos pequeños consumidores con rentas más bajas, no sujetos a la tarifa conocida como “bono social”, salen muy perjudicados ya que están obligados a pagar una mayor parte fija independientemente del consumo que tengan.
En segundo lugar, para estos mismos consumidores, pero también para el resto, ahorrar energía o introducir mejoras de eficiencia tiene un efecto económico mucho menor sobre la factura eléctrica, lo que desincentiva la adopción de estas medidas.
Si la reforma eléctrica hubiera adoptado un sistema más progresivo sobre la tarifa, podría, igualmente, haber aumentado ingresos reduciendo el riesgo de pobreza energética y fomentando el ahorro de energía y la eficiencia energética.