Ignasi Puig (ENT) es el autor del artículo titulado “Fiscalidad ambiental en Cataluña” que este octubre ha publicado el sindicato Comisiones Obreras en su Boletín de Trabajo, Economía y Sociedad.
El sistema económico provoca a menudo efectos negativos sobre la naturaleza que se denominan costes externos o externalidades negativas. Los agentes económicos toman decisiones que afectan a terceros (por ejemplo la contaminación) sin tener en cuenta estos efectos, y esto genera problemas de eficiencia, dado que las decisiones sólo tienen en cuenta una parte de los costes, los que recaen sobre los que toman las decisiones. También genera problemas de equidad, ya que los efectos de la degradación ambiental no recaen por igual sobre todos.
La intervención pública es necesaria para evitar o reducir estas externalidades. La forma más tradicional de intervención ha sido el establecimiento de normas: prohibiciones, límites de emisiones, establecimiento de licencias, etc. Un enfoque complementario es dirigirlas mediante instrumentos económicos de política ambiental, que no establecen qué hacer, sino que crean incentivos económicos.
El principal de estos instrumentos es la fiscalidad ambiental, que consiste en aplicar el principio de “quien contamina, paga”. Así, se añade un objetivo ambiental a las tradicionales funciones recaudatoria y distributiva de la fiscalidad.
Los impuestos ambientales internalizan costes (en el sentido de que los costes ambientales ocasionados conllevan costes a sus responsables) y así corrigen los precios. Esto no sólo ayuda a conducir la situación ambiental hacia los objetivos fijados políticamente, sino que constituye una forma más eficiente de asignación de costes por parte del mercado.