Aina González Puig (ENT)
La protección de los espacios naturales en Cataluña ha evolucionado de manera muy relevante en las últimas décadas, desde la aprobación de la red básica de espacios naturales de Cataluña en 1985, hasta la finalización de los Planes Territoriales Parciales en 2010. En este período, tanto el concepto de “espacio natural” como las políticas de protección de estos espacios también han evolucionado, acercándose cada vez más a una gestión global del territorio y alejándose de un enfoque conservacionista de unos pocos espacios emblemáticos.
Actualmente, más del 30% del territorio de Cataluña se encuentra bajo alguna de las figuras de protección desarrolladas por la Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales, y todo el territorio catalán está regulado por alguno de los Planes Territoriales Parciales mencionados anteriormente.
Hasta el momento, las herramientas impulsadas para la gestión y conservación de los espacios naturales han sido casi exclusivamente de carácter normativo, con la regulación de los diferentes usos permitidos para cada tipo de suelo mediante la normativa urbanística o sectorial. Aunque son necesarias, las herramientas normativas han resultado insuficientes en el pasado para proteger adecuadamente el territorio, especialmente en zonas sometidas a una fuerte presión urbanística. Por lo tanto, es necesario impulsar otras herramientas complementarias para proteger los valores naturales del territorio.
Entre otras posibles iniciativas, destaca la necesidad de establecer mecanismos económicos que incentiven la conservación de los espacios naturales, gravando aquellas actuaciones con un mayor impacto sobre el territorio e incentivando económicamente aquellas actividades que resulten positivas para la conservación. Es especialmente relevante un impuesto sobre el cambio de uso del suelo, aplicado para el cambio de estado de suelo no urbanizado a suelo urbanizado, que revierta sobre aquellos municipios con menores tasas de urbanización, eliminando así el incentivo económico que representan para ciertos ayuntamientos los ingresos urbanísticos. Otras posibilidades serían el pago por servicios ambientales, así como las subvenciones destinadas a la correcta gestión de los espacios naturales, que supondrían un incentivo para su conservación frente a otras opciones que actualmente pueden resultar económicamente más rentables.
El objetivo común sería que la protección de los espacios naturales no solo sea obligada, en algunos casos, por la normativa, sino que también sea económicamente atractiva. Finalmente, también sería positivo incentivar económicamente a las entidades ambientalistas (como por ejemplo las entidades de custodia del territorio) que tienen un papel activo en la conservación del medio natural y en la implicación de la población en esta temática, ya que en muchos casos resultan agentes clave en la protección de los espacios naturales.