Luís Campos Rodrigues (ENT)
Mayo 2015
La elevada urbanización de las costas fue impulsada, entre otros factores, por la burbuja inmobiliaria, el modelo turístico 3S (Sun, Sea, and Sand), y por la (permisiva) Ley de Costas. No fue desarrollada una política de planificación costera equilibrada, hubo un incremento de casos de corrupción, despilfarro de recursos financieros en varios municipios españoles y una mayor degradación de ecosistemas costeros y marinos.
A los daños económicos, sociales, y ambientales ya generados, se tendrán que añadir costes futuros asociados a la adaptación al Cambio Climático. Con la mayor urbanización, hubo un aumento de la exposición de las costas a efectos como la subida del nivel del mar y la mayor frecuencia de eventos extremos como tormentas de viento y mar. El pasado mes de marzo, como consecuencia de los temporales ocurridos en el primer trimestre, el Gobierno aprobó el Plan Litoral 2015, dotando la cuantía de 21 millones de Euros para la restauración de infraestructuras dañadas, reposición de arena y otras medidas de protección de las zonas afectadas.[2]
Las medidas de adaptación podrán ser distintas según la tipología de usos del suelo (p.e. residencial, comercial, industrial, zonas con infraestructuras de transporte). Entre estas se pueden incluir: acciones legislativas como la revisión de la Ley de Costas; una mayor fiscalización de la construcción ilegal; el incremento de zonas protegidas; gestión más sostenible de actividades turísticas (p.e. buceo, náutica de recreo); soluciones de protección y acceso a las costas basadas en estructuras que presentan un menor impacte ambiental (p.e. paseos marítimos de madera, ciclovías); y el refuerzo del cordón de dunas litorales, etc.
Es importante considerar que algunas acciones podrán entrar en colisión con modelos económicos municipales que son parte del problema (p.e. apuesta desenfrenada por el turismo de masas) y, en algunos casos, encontrar fuertes resistencias. Será fundamental integrar una visión de largo plazo para que no se sigan repitiendo los mismos errores, realizando una adecuada evaluación de las políticas de intervención sobre el territorio en cuanto a sus efectos socio-económicos y ambientales, así como de la forma como estos se distribuyen al nivel de las poblaciones y sectores implicados.