Maria Mestre | ENT
En los últimos años la problemática del derroche alimentario ha tomado mucha relevancia tanto a nivel institucional como a nivel de conciencia ciudadana. Diferentes estudios han ido poniendo de relieve su magnitud, el último -encargado por la Comisión Europea [1] – estima el desperdicio en 173 kg por habitante al año, lo que representa el 20% de la producción total de alimentos.
Las causas son tan complejas y transversales como el propio sistema alimentario; desde la producción hasta el consumo, aspectos económicos, sociológicos, dinámicas de mercado que desvinculan la oferta de la demanda, etc. Una complejidad que requiere necesariamente de un enfoque transversal.
En este contexto, desde la Fundació ENT publicamos el informe «Posibilidades normativas y fiscales para prevenir el derroche alimentario en Cataluña», el cual tiene por objetivo identificar las principales barreras y oportunidades para la prevención del derroche alimentario en Cataluña desde el punto de vista normativo y fiscal, a nivel autonómico y local. Las propuestas parten del marco normativo y de las competencias autonómicas actuales, y en la mayoría de los casos buscan modificarlo con el objetivo de favorecer la prevención del derroche alimentario. En otros casos se propone la creación de nuevos instrumentos normativos o fiscales.
Se define el derroche alimentario como «cualquier parte comestible de un producto o parte de él, cultivado, recogido o procesado para el consumo humano que hubiera podido ser ingerido, o ingerido con una mayor calidad, y que finalmente es gestionado como residuo o destinado a un uso no alimentario«. Esta definición nos permite abordar la problemática diferenciando pérdidas de desperdicio (pérdidas evitables), no incluyendo las partes no comestibles de los alimentos e incluyendo la pérdida de calidad de los mismos. La definición considera los residuos alimentarios generados en el ámbito agrícola, lo que permite también incluir todas aquellas medidas que tengan por objetivo reducirlos.
Se identifican los sectores agroalimentario, pesca, residuos, sanidad alimentaria y consumo como principales sectores que pueden tener incidencia sobre el derroche alimentario y sobre los que la Generalitat tiene competencias exclusivas o compartidas. Para cada sector se han analizado tanto normas con rango de ley como disposiciones reglamentarias de rango jerárquicamente inferior. En el primer caso se trata de disposiciones normativas que repercuten en el funcionamiento de cada actor de la cadena alimentaria, y en el segundo se trata sobre todo de disposiciones que regulan el otorgamiento de fondos públicos a la agricultura y la pesca. Aparte también se identifican diferentes posibilidades de promover la prevención del derroche alimentario mediante instrumentos normativos en el ámbito municipal.
Introducir líneas de actuación dentro del marco normativo sobre desarrollo rural especialmente dirigidas a reducir las necesidades de intervención del mercado para dar respuesta a situaciones de exceso de oferta, excluir la venta de bienes con fecha de consumo preferente sobrepasada como infracción en el Código de consumo de Cataluña, regular el rebusco en Cataluña, introducir deducciones en el tramo autonómico del IRPF para favorecer el rebusco o bien promover la generalización de la canalización de productos «no conformes» (retirados ya sea por errores en el etiquetado o por un defecto en el envase) son algunas de las propuestas que se desarrollan.
Las propuestas normativas y fiscales son posibilidades válidas pero no definitivas ni suficientes. Si, como los arqueólogos, somos conscientes de que los residuos son las pruebas que mejor explican las sociedades que los generan, ¿qué nos cuenta comida en buen estado? ¿Quiere decir que vivimos en la abundancia, que los recursos son infinitos o que el sistema productivo está fallando? Si es evidente que la abundancia no es ni mucho menos universal y que los recursos del planeta son finitos, seguramente será que el sistema alimentario está fallando, tanto en las dimensiones horizontales (medio ambiente, salud, cultura, patrimonio, empleo, igualdad, sensibilización, etc.) como en las verticales de la cadena (producción, transformación, almacenamiento, distribución, transporte, consumo, prevención y gestión de residuos). Una problemática de raíz profunda y poliédrica.