El Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos ha publicado el estudio de los investigadores Irene Castells, Pablo Pellicer e Ignasi Puig, titulado “Las Tasas de Residuos en España 2022”. En su realización, se han analizado las tasas domiciliarias y comerciales de 125 municipios, incluidas todas las capitales de provincia.
Las tasas de residuos son de las que más recaudación aportan a los municipios, puesto que financian el servicio de recogida de residuos, que es de prestación obligatoria y elevados costes. La Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, establece que, en un plazo de 3 años, de residuos.
Si bien la mayoría de entidades locales ya disponen de tasas de residuos o de una figura similar específica, en general están muy lejos del objetivo legal de la cobertura de costes. La cobertura media de costes estimada en 2021 fue del 71,8%, muy lejos del 100% exigido legalmente a partir de 2025.
La recaudación en concepto de tasas de residuos (u otras figuras cobratorias) de recogida y tratamiento de residuos en España -tanto domiciliarios como comerciales- para 2021, incluyendo todas las entidades locales municipales y supramunicipales que presentan datos, fue de 2.079 millones de euros, representado 61,15 euros per cápita.
Potencialmente, las tasas de residuos pueden ser uno de los instrumentos más eficaces para la promoción de buenas prácticas ambientales en materia de prevención y separación de residuos. Si una parte variable de la tasa se vincula directamente a la generación y a la correcta separación de los residuos en origen (lo que se conoce como sistemas de pago por generación) se crea un incentivo económico para que la ciudadanía participe de estas prácticas. La Ley 7/2022 menciona, por primera vez en una normativa estatal, los sistemas de pago por generación.
Sin embargo, un 46,4% de los municipios analizados cuentan con un modelo de tasas con cuotas fijas (todos los domicilios pagan lo mismo independientemente de si realizan o no separación de residuos). Aplicar una cuota fija implica que los domicilios que generan menos y reciclan más residuos están subvencionando implícitamente a aquellos con peores prácticas ambientales en materia de residuos. Por otro lado, en los municipios donde las tasas no son fijas, existe una ausencia general de criterios ambientales en su articulación. En el caso de los comercios, la mayoría de las tasas se calculan en función del tipo de actividad, la superficie del comercio y la localización, sin considerar tampoco la generación efectiva.
Este estudio demuestra que el potencial de las tasas de residuos para mejorar la gestión de residuos ha sido poco explotado. La aplicación de sistemas de pago por generación, de implantación aún muy minoritaria en el Estado español, pero muy comunes en Europa, pondría en evidencia la capacidad de las tasas de residuos de incentivar las buenas prácticas.
El estudio concluye que el valor medio de la tasa de residuos que pagan los hogares en 2022 es de 92,1 euros por domicilio. Respecto al 2021, la tasa domiciliaria media se ha incrementado 2,1 puntos porcentuales (desde los 90,19 euros) muy por debajo del incremento del 6,1% del IPC desde enero del 2021 a enero del 2022.
A raíz de los resultados de este estudio, el Dr. Ignasi Puig Ventosa, investigador y responsable de proyectos de la Fundació ENT, considera que “la mayoría de Ayuntamientos no son conscientes de las obligaciones que comporta la nueva Ley en materia de tasas de residuos, ni de las oportunidades que depararía darles un pronto cumplimiento”. Por su parte, Irene Castells, coautora del estudio, señala “la importancia de incidir en los primeros niveles de la jerarquía de residuos, y potenciar la reducción y reutilización de los residuos desde los hogares y comercios, ya que la emergencia climática se acelera y tenemos la obligación de cumplir con los objetivos europeos”.
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“La participación de Irene Castells en este estudio ha sido posible gracias a su contratación en el marco de la concesión de subvenciones destinadas a la contratación en prácticas de personas jóvenes en situación de desempleo. Esta actuación está impulsada y subvencionada por el Servicio Público de Empleo de Cataluña y financiada por el Fondo Social Europeo como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19.”