Lydia Chaparro | Fundació ENT
Se habla a menudo del tráfico rodado y de los efectos negativos que genera el vehículo privado, ya sea por los graves impactos que causa sobre la salud pública, la siniestralidad, el ruido o la ocupación del espacio público. De hecho, cada vez son más las voces que reclaman que hay que cambiar de modelo de movilidad y que es necesario que el bienestar del conjunto de la ciudadanía (y del Planeta) pase por encima de los intereses privados y de determinados sectores económicos. Por ello, la solución no consiste en continuar con el modelo desarrollista imperante hasta la fecha, es decir, cambiar el coche de combustible fósil por uno eléctrico (tal como nos quieren vender los fabricantes de coches con sus espléndidos anuncios), sino por reducir drásticamente nuestra elevada huella ecológica.
Pero, ¿por qué tenemos esto tan claro cuando sucede en el medio terrestre, pero lo ignoramos cuando pasa en el medio marino? ¿Por qué aún no tenemos una conciencia colectiva de los impactos que causan el transporte marítimo, los cruceros o, sin ir más lejos, los impactos generados por la náutica a motor, en especial durante los meses de verano, cuando yates, lanchas o motos de agua ocupan gran parte del espacio público marítimo?
La Ley de protección y ordenación del litoral de Cataluña
Recientemente, en plena crisis climática y ecológica, la Generalitat de Cataluña ha aprobado la Ley de protección y ordenación del litoral, que tiene entre uno de sus objetivos «el fomento de la náutica deportiva y popular» [1]. Pero esta Ley, que pretende fomentar el sector de la náutica (que está formado mayoritariamente por embarcaciones a motor), pretende al mismo tiempo poner límites al número de personas que acceden a las playas. Es decir, por un lado, se podría estar limitando el acceso de bañistas en determinadas áreas y, por otro lado, se estaría potenciando una actividad -la náutica a motor- que puede conllevar numerosos conflictos ambientales, espaciales y sociales.
Además de los graves impactos provocados por la artificialización de la costa, como consecuencia de la construcción de puertos, diques y otras infraestructuras marinas que han contribuido a generar importantes cambios en la dinámica litoral, y causado graves problemas de erosión y regresión de playas en numerosos puntos del litoral, el sector náutico a motor también puede provocar muchos otros efectos negativos a considerar (y no sólo ambientales).
La sobresaturación de las embarcaciones a motor y los múltiples impactos que generan
La actividad náutica a motor se ha expandido en los últimos años contribuyendo en determinados ámbitos a la degradación de los ecosistemas marinos en toda la región Mediterránea. La masificación de yates y lanchas a motor (especialmente los meses de verano) en espacios de alto valor ecológico sigue suponiendo un impacto negativo muy importante sobre la biodiversidad marina. Están bien documentados los impactos del fondeo y del anclaje sobre las praderas de posidonia y otras fanerógamas marinas. En menor grado también están documentados los impactos derivados de las emisiones contaminantes, hidrocarburos o derrames de aguas residuales, etc. Sin embargo, otros impactos, a pesar de ser considerables, continúan siendo subestimados. Este es el caso, por ejemplo, de la contaminación acústica generada por este tipo de vehículos acuáticos.
El ruido causado por los motores es un impacto que afecta a los residentes y usuarios de determinadas zonas de la costa, pero también, y muy especialmente a los habitantes marinos, en especial los cetáceos, que, a pesar de estar acostumbrados a ruido continuos dentro del agua, algunas especies se ven forzadas a cambiar sus hábitos debido a las molestias y al estrés generado por el ruido. Pero además de los aspectos ambientales, la náutica recreativa a motor también ocasiona impactos sociales y estéticos. Por ello, su promoción por parte de las administraciones podría también ser reprobable desde un punto de vista ético.
Actualmente, en numerosas zonas costeras del Mediterráneo (como sucede en muchos puntos de Cataluña, pero también de las Islas Baleares y de la Comunidad Valenciana) hay zonas donde se compite por el espacio costero. Las personas que pretenden disfrutar del mar para bañarse o practicar libremente la natación o el snorkel están a menudo relegadas a áreas balizadas como zona de baño, mientras que las embarcaciones a motor (sobre las que hay un control muy deficiente, en especial en cuanto a la velocidad de navegación, distancia de la costa o áreas de fondeo) ocupan espacios proporcionalmente mucho mayores respecto al número de usuarios. De hecho, ocupan la práctica totalidad de la lámina del agua como parking para sus vehículos. Tanto es así, que, incluso en las calas más pequeñas y vírgenes alejadas de la masificación, las embarcaciones fondeadas libremente llegan a impedir a los bañistas disfrutar del paisaje natural, del horizonte y de la tranquilidad de la naturaleza.
¿Y si cambiamos de modelo y abandonamos los criterios obsoletos del pasado?
Por todos estos hechos sería importante dejar atrás la política de crecimiento y cambiar el modelo actual, que se revela claramente insostenible y elitista. Los gestores deberían plantearse si es ético o no permitir fondear libremente donde se quiera, en especial en zonas ecológicamente vulnerables o ante calas vírgenes o playas con presencia de gente. Por este hecho se debería garantizar que el área apta para la navegación estuviera bien delimitada y se debería dotar al litoral de campos de boyas ecológicas suficientes para evitar el fondeo libre en zonas sensibles y vulnerables.
La administración debería tener en cuenta las molestias que causan las embarcaciones motorizadas sobre la inmensa mayoría de usuarios de la costa (en especial los grandes yates, puesto que, además del ruido, humo y ocupación del espacio, también pueden verter aguas grises y fecales al medio marino). Por todo ello, entre otros aspectos, se deberían actualizar las regulaciones existentes y controlar mucho más la navegación a motor, en particular con respecto al anclaje, la distancia a la costa y la velocidad de navegación de las lanchas, yates y motos de agua. De hecho, entre los aspectos más urgentes, destaca la necesaria revisión de la normativa relativa a la distancia y la velocidad permitida de los diferentes vehículos náuticos en función de los tramos de la costa (zona rocosa, playas, etc.), así como ampliar la distancia de seguridad, para así proteger a los usuarios más débiles (los bañistas), un factor que reduciría la vez la contaminación acústica.
En cuanto al gran público, es decir los bañistas, las calas y playas deberían estar dotadas de zonas de baño balizadas de mayores dimensiones a las actuales. Las zonas de baño deberían conectar las playas contiguas y permitir a los usuarios disfrutar del horizonte y de una relación mucho más natural y cercana con el mar. Por este mismo motivo, si se pretende potenciar la náutica, debería ser exclusivamente de aquellas actividades sin motor con nulo o bajo impacto, como el remo, la vela y la navegación tradicional, actividades mucho más compatibles con la preservación del medio marino.
Finalmente, no quiero dejar de decir que, si de verdad queremos disfrutar de una costa en buen estado de salud, hay que dejar de pensar sólo en el PIB y reducir de manera urgente los impactos que afectan el litoral. Hay que analizar la capacidad de carga de los ecosistemas y limitar las actividades que se están llevando a cabo (en especial las que generan impactos negativos). Se requiere una planificación ética y responsable de los diferentes usos, y una gestión adaptativa y ecosistémica a lo largo de todo el litoral. Sólo así, y con un monitoreo profundo y constante sobre el estado de salud de los ecosistemas litorales, empezaremos, tal vez, a vivir en sintonía con la mar.