Jofre Rodrigo Aribau (ENT)
Hasta hace unos años, la responsabilidad de conservar el patrimonio natural, paisajístico y cultural recaía casi exclusivamente en las administraciones públicas, que han ido implementando diversas medidas de protección como la declaración de espacios naturales protegidos, la protección de determinados recursos naturales y paisajes a través de la planificación urbanística y la catalogación y declaración de diferentes bienes culturales, entre otros. Sin embargo, los poderes públicos no han podido cubrir todas las necesidades existentes y el retroceso ecológico ha sido constante.
Ante este hecho, los gobiernos han tendido a potenciar políticas de conservación basadas en mecanismos de mercado (por ejemplo, Pagos por Servicios Ambientales). Estos mecanismos están adquiriendo gran protagonismo, favorecidos por una crisis económica que ha endeudado gravemente al sector público. No obstante, es necesario tener en cuenta sus límites, ya que muchas estrategias de conservación basadas en sistemas de mercado chocan con la complejidad de los sistemas ecológicos y tienen dificultades para separar y valorar monetariamente elementos interrelacionados e interdependientes de estos ecosistemas.
Paralelamente a estas dos políticas de conservación basadas en el Estado o el mercado, se ha ido desarrollando desde principios del siglo pasado, principalmente en los países anglosajones, la Custodia del Territorio (CdT). La CdT, que es como se ha traducido al catalán el término inglés land stewardship, engloba un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para lograrlo, las llamadas entidades de custodia buscan acuerdos y otros mecanismos de colaboración continua con propietarios de terrenos, diferentes usuarios del territorio (como por ejemplo agricultores, pastores, silvicultores o sociedades de caza y pesca) y otros agentes públicos y privados.
La CdT, desde sus orígenes, ha sido una estrategia de la comunidad para gestionar un legado natural y cultural común que pretende conservar para las generaciones futuras. En este sentido, la premio Nobel de Economía del año 2009, la difunta Elinor Ostrom, demostró con su investigación la destacada capacidad de la gente para generar sus propias reglas y poder seguir viviendo de los recursos naturales de los cuales depende su subsistencia, sin agotarlos ni dañarlos. Una capacidad que, desafortunadamente, hoy no se ve suficientemente favorecida por las dinámicas económicas y políticas, y que deja en manos de unos pocos decisiones que nos afectan a todos.
Ha pasado más de un siglo desde las primeras experiencias de CdT en Estados Unidos, y esta ha ido evolucionando de la mano de las instituciones y los marcos jurídicos aprobados, dando un salto cualitativo y cuantitativo en los últimos años. Si analizamos los resultados principales, vemos que en las últimas décadas el crecimiento en el número de entidades de custodia y de hectáreas protegidas ha sido muy significativo. Por ejemplo, actualmente en Estados Unidos hay 1.700 entidades de custodia registradas que cuentan con 5 millones de miembros, movilizan 100.000 voluntarios anualmente y gestionan aproximadamente 15 millones de hectáreas. En cuanto a Cataluña, hay 80 entidades de custodia que disponen de 634 acuerdos de custodia que abarcan 62.129 hectáreas.
Las estrategias de CdT son tan variadas como las comunidades que las desarrollan, los recursos que gestionan y los problemas de funcionamiento a los que se enfrentan. Sin embargo, es una muestra de cómo desde las instituciones se pueden crear marcos favorecedores de la acción colectiva y en red para abordar problemas centrales de nuestra sociedad. Específicamente, en este sentido, la fiscalidad ambiental desempeña un papel muy importante a la hora de generar incentivos poderosos para acciones de esta naturaleza. Por eso, desde ENT Medi Ambient i Gestió se está trabajando intensamente, en cooperación con diferentes sectores de nuestro país, en iniciativas innovadoras en el ámbito de la economía ecológica y la fiscalidad ambiental, orientadas a la conservación de la biodiversidad y la mejora del medio ambiente.