Ignasi Puig Ventosa | ENT medio ambiente y gestión
El concepto de economía circular tiene varias virtudes: es fácil de comunicar, traza un cierto paralelismo con los ciclos naturales y su impulso a nivel europeo siempre se ha visto muy asociado a la definición de objetivos y políticas concretas.
Quizás el punto más flojo del concepto, o al menos de su traslación a políticas concretas, es su total desconexión de la componente energética. Y es que los ciclos (tanto los naturales, como aquellos que tratamos de reproducir) solo funcionan gracias a la aportación de energía. Toda esta energía tiene una base material. Ya sea carbón, gas natural, derivados del petróleo o uranio, se trata de productos de un solo uso. No se pueden reciclar. Casi el 25% en peso de los materiales [1] que entran en la economía española son combustibles fósiles, por lo que el avance hacia la economía circular solo lo será si se avanza hacia un aprovisionamiento energético 100% renovable (si bien el aprovechamiento de esta energía continuará exigiendo una importante base material). En España, la práctica totalidad de los combustibles fósiles y nucleares se importan. La transición a las renovables no solo es fundamental ambientalmente, sino también lo es desde un punto de vista estratégico. Las políticas de mitigación del cambio climático son, pues, también políticas en favor de una economía más circular y resiliente.
Por otra parte, si bien los objetivos de la recién revisada Directiva Marco de Residuos (DMR) [2] son ambiciosos, lo cierto es que, aun lográndolos, seguiríamos estando muy lejos de la circularidad. Consideramos el objetivo principal de la DMR: el 65% de reciclaje de los residuos municipales en 2035.
Ello significa que el 35% de los materiales todavía se seguirá escapando del ciclo. Solo con enorme generosidad se puede considerar circular a un sistema con estas pérdidas… En España menos del 34% de los materiales son efectivamente reciclados [3]. El margen de avance es enorme, aun así, llevamos años de notable estancamiento. Las recetas tradicionales pueden seguir dando avances (más recogida de la fracción orgánica, más recogida puerta a puerta, etc.), pero no suficientes. Más si tenemos en cuenta que los residuos municipales representan poco más del 10% del total de residuos [4], y para los otros no hay ni siquiera objetivos de reciclaje.
Hace falta pues un cambio de paradigma. No solamente pensar en residuos, sino tener una política sobre recursos.
España importa gran parte de los metales vírgenes [5]. Una parte importante de la «producción doméstica» es la que proviene del reciclaje, y además no siempre ha habido una política suficiente para asegurar que los materiales entren de nuevo al ciclo económico localmente, sino que a menudo son exportados. España también es importadora neta de biomasa y de otros minerales no metálicos [6], además de los ya comentados recursos energéticos. ¿Hay política propia sobre recursos?
En relación a los modelos de producción, es inadmisible que hoy puedan ponerse en el mercado productos que no admiten ninguna circularidad, y además sin coste para los productores. La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) brilla por su ausencia. Para la mayoría de productos simplemente no existe (p.e. textiles, muebles o materiales de construcción).
Cuando la hay, en general, es parcial, puesto que las administraciones públicas siguen asumiendo parte del coste (p.e. de la gestión de los envases). Y, además, los incentivos que llegan a los productores para cambiar formas de producción son ínfimos. La RAP debería generalizarse [7] y debería ser completa. Esto sin duda supondría poner el foco no solo en el residuo, donde hasta ahora se han centrado excesivamente las medidas sobre economía circular, sino en las entradas al sistema, poniendo el ecodiseño en un lugar preeminente.
En definitiva, se trata de alinear el mensaje ambiental con el económico. Hacer las cosas mal desde un punto de vista ambiental no puede salir más barato. En este sentido, además de avances en la RAP, conviene avanzar en materia de fiscalidad ambiental. La fiscalidad ambiental persigue que cada cual asuma sus costes (en este caso los ambientales), del mismo modo que asume sus beneficios. El objetivo sería que la fiscalidad fuese consistente con la jerarquía de los residuos, estableciendo impuestos sobre los tratamientos finalistas y también sobre productos con singular impacto. España está a la cola de Europa en materia de fiscalidad ambiental [8] y sobre los residuos. Sólo algunas comunidades autónomas tienen impuestos sobre el vertido y la incineración [9].
Finalmente, conviene que el énfasis en la circularidad no nos haga olvidar la importancia del «tamaño del círculo», que no para de crecer [10]. Que vayamos ganando porcentajes de reciclaje, si el sistema sigue precisando más y más materias primas, no supone necesariamente disminuir las presiones ambientales. Hace falta una política sobre recursos que no persiga la captura de materias primas porque sí, sino que encaje con una visión económica más amplia que permita alcanzar los objetivos sociales, pero que lo haga en un marco de sostenibilidad y suficiencia.