Miquel Ortega | Fundació ENT
Cuando la propia administración pública infringe las normas de carácter ambiental que ella misma u otros poderes públicos redactan, de manera consciente y/o reiterada, hay algo importante que se rompe en la estructura democrática. No tiene mucho sentido hacer un listado exhaustivo de casos, pero quizás valdría la pena poner un par de ejemplos para ilustrar a qué hago referencia.
Un primer ejemplo podría ser la «Ley catalana de cambio climático» aprobada por el parlamento catalán y que ha tenido, y todavía tiene, numerosos aspectos que dependen de la propia administración catalana como responsable ejecutora y no se han cumplido. Aquí o bien el legislador no ha hecho bien el trabajo y plantea objetivos y mecanismos «de cara a la galería», pero poco realistas o imposibles de alcanzar, o es el ejecutor quien está fallando, o ambos. Pero, ¿no es grave hacer una ley y no cumplirla si de verdad nos encontramos en una «emergencia climática»? ¿No es grave que el Parlament apruebe leyes que no cumple ni la propia administración catalana y no pase nada?
Un segundo ejemplo es el reciente compromiso político alcanzado en la “Tercera cumbre política de la calidad del aire” de implantar zonas de bajas emisiones a partir del año 2025 en los municipios con menos de 20.000 habitantes. En este caso los máximos responsables de la Generalitat de Catalunya y de otros 65 municipios han aprobado un compromiso político que marca como objetivo el incumplimiento de la Ley de cambio climático y transición energética, aprobada en mayo de 2021, que establece la obligatoriedad de aprobar estos mecanismos en los municipios mayores de 50.000 habitantes antes de 2023, es decir, dos años antes del compromiso político. Con qué defensa se queda aquí el ciudadano que ve perjudicada su salud por el incumplimiento reiterado legal de los niveles máximos de contaminación desde el año 2010 -con la excepción del período COVID- y que ve como los representantes de todas las fuerzas ¿políticas deciden acordar incumplir la ley vigente aprobada un año antes?
Los propios partidos políticos están detrás de la aprobación de las leyes, y las declaraciones políticas que después incumplen en su rol de gobierno. ¿No es esto preocupante? ¿No es urgente cambiar la dinámica?
Para ello sólo veo dos opciones. Una opción es la vía ciudadana, aumentando mediante todo tipo de protestas el coste reputacional de los incumplimientos; desafortunadamente es una vía que ahora mismo como sociedad no tengo la sensación de que estemos siendo capaces de impulsar. La otra vía es más tecnocrática y es la que se está activando cada vez más, sobre todo en el mundo anglosajón. Ha llegado el momento de actuar judicialmente de forma sistemática y a gran escala contra la administración (buscando cada vez más las responsabilidades personales de decisores y ejecutores) por el incumplimiento de sus obligaciones y compromisos ambientales, como vía para incentivar un comportamiento más responsable? Es una vía que busca utilizar el sistema judicial en el sentido contrario al que usualmente se utiliza (para tratar de detener decisiones públicas ambientales). ¿De verdad no quedará otra opción que judicializar la actuación ambiental de la administración como vía para resolver un problema de responsabilidad política-administrativa? Si tenemos que llegar a este punto creo que será un fracaso colectivo, porque querrá decir que aceptamos pasar decisiones claramente de discusión democrática (como por ejemplo la proporcionalidad de las medidas, en un contexto donde las decisiones deben ser cada vez más rupturistas y que conllevan en muchos casos ganadores y perdedores) de la discusión pública de los representados electos, a los jueces. Pero si la situación de responsabilidad/irresponsabilidad política no se endereza, ¿cuál es la alternativa?