Ignasi Puig, Gerard Marina y Raimon Ràfols | ENT medio ambiente y gestión
El informe “Las Tasas de Residuos en España 2025” dibuja un panorama tan revelador como inquietante sobre cómo gestionamos y financiamos la recogida y el tratamiento de nuestros residuos. A partir de una muestra de 131 municipios —todas las capitales de provincia incluidas—, el estudio pone cifras a una realidad que lleva años repitiéndose: las tasas de residuos siguen sin reflejar ni el coste real del servicio ni el comportamiento ambiental de los ciudadanos.
La Ley 7/2022 obligaba a las entidades locales a establecer, antes del 10 de abril de 2025, una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que cubriera el coste real de la gestión de residuos. Más de tres años después de su aprobación, el balance es contradictorio. Por un lado se ha avanzado: los presupuestos de 2025 muestran un grado de cobertura del 65,5 % de los costes, frente al 53,2 % de 2024. Pero por otro seguimos lejos del objetivo del 100 % que marca la ley.
La buena noticia es que casi todos los municipios (el 99,2 % de la muestra) cuentan ya con algún tipo de tasa de residuos o figura cobratoria específica. La mala, que en la práctica estas tasas apenas distinguen entre quienes más y menos residuos generan, o entre quienes separan correctamente sus residuos y quienes no lo hacen. De hecho, solo el 19 % de los municipios ofrecen algún tipo de beneficio fiscal ambiental a los hogares, y apenas el 7,6 % lo aplican a las actividades comerciales. Es decir, a pesar de haber aumentado en frecuencia, los incentivos ambientales siguen siendo minoritarios.
En el ámbito doméstico, la tasa media anual en 2025 se sitúa en 116,32 euros por hogar. Las cuotas fijas siguen predominando, si bien un creciente número de municipios introducen criterios de diferenciación —como la localización, el valor catastral o el consumo de agua—. Pero son criterios indirectos que poco tienen que ver con el impacto ambiental real de cada hogar.
Los comercios, por su parte, pagan cuotas muy dispares. Un bar medio paga unos 454 euros al año; un restaurante, más de 600; y un supermercado supera los 1.100 euros. Las diferencias se amplían con el tamaño del municipio: las grandes ciudades tienden a imponer tasas más altas.
El gran ausente del panorama sigue siendo el pago por generación (PxG), un sistema que ajusta la tasa al volumen o peso de residuos que realmente produce cada usuario. Es el modelo más justo y eficaz para reducir residuos y fomentar la recogida separada, y está ampliamente extendido en países europeos que nos llevan años de ventaja. En España, en cambio, su implantación es todavía anecdótica (alrededor del 1% de los municipios).
A la vez, conviene no olvidar que miles de empresas ponen cada día en el mercado productos que, tarde o temprano, se convertirán en residuos. Envases, aparatos eléctricos, textiles, colchones, pañales, muebles, etc. que los consumidores compran, usan y desechan, pero cuyo coste de gestión asume, en gran parte, la ciudadanía a través de las tasas municipales. Esa externalización del coste —y, por tanto, de la responsabilidad— es una de las grandes injusticias del modelo actual. Son pocos los productos cubiertos por sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), y los que funcionan no lo hacen de una forma suficientemente satisfactoria.
En definitiva, el informe muestra avances, sí, pero insuficientes. La transición hacia una fiscalidad más justa de los residuos —económica, social y ambientalmente— exige dar un paso más allá: que quien menos contamina pague menos, y que las tasas dejen de ser solo un trámite recaudatorio para convertirse en una herramienta de cambio. Porque mientras no vinculemos lo que pagamos con lo que tiramos (como hacemos con cualquier otro servicio: el agua, la luz, el gas, etc.), seguiremos atrapados en un sistema que penaliza la responsabilidad y premia la indiferencia.