El Instituto de Estudios Fiscales acaba de publicar el informe “Las tasas de residuos en España”, elaborado por el Dr. Ignasi Puig Ventosa (Fundació ENT). El estudio analiza una muestra representativa de 125 municipios, incluidas todas las capitales de provincia, tanto a nivel domiciliario como comercial. Se trata del primer estudio en profundidad sobre este tipo de tasas, hecho notable tratándose de uno de los principales ingresos fiscales de los ayuntamientos.
La tasa de residuos es en general la tasa que más recaudación aporta a los municipios dado que el servicio de recogida de residuos es un servicio de prestación obligatoria y con elevados costes. En la presente situación, en la que las haciendas municipales están en una situación financiera complicada, estas tasas se presentan como una herramienta útil para asegurar la financiación del servicio de gestión de residuos.
Además, las tasas deberían tener como objetivo una distribución lo más justa posible de las cargas económicas entre los ciudadanos, teniendo en cuenta tanto criterios sociales como ambientales. La experiencia demuestra que las tasas de residuos pueden ser uno de los instrumentos más eficaces a la hora de promover buenas prácticas ambientales en materia de prevención y reciclaje de residuos.
La base legal de las tasas de residuos permite que los propios municipios sean los encargados de definir qué grado de cobertura se alcance sobre los costes del servicio, si bien el hecho que el marco legal no exija cubrir la totalidad de costes del servicio, como ocurre en otros países, es un punto débil. Esto puede ser aceptable en el caso de las tasas domiciliarias, pero según el autor “el hecho que el coste de la gestión de los residuos comerciales aun frecuentemente no se cubra por las tasas que estos pagan –y por tanto sea cubierto por los presupuestos que se nutren de los impuestos que pagan los ciudadanos– es inadmisible”.
El hecho de que no haya un porcentaje de cobertura de costes establecido favorece la dispersión en el establecimiento de las cuotas. La gran disparidad que presentan las tasas de residuos entre municipios es una de las principales conclusiones del estudio.
En general, se ha detectado una ausencia de criterios ambientales en la articulación de la tasa. En un 44% de los municipios analizados, los domicilios pagan simplemente una cuota fija. Aplicar una cuota fija implica que aquellos domicilios que generen menos residuos o reciclen más, están subvencionando a aquellos que generan más residuos o no reciclan. Según el autor “las cuotas fijas son la antítesis del principio quien contamina paga”, mediante el que se premia a los ciudadanos y empresas que realizan un esfuerzo en materia de reducción y separación en origen. Los beneficios fiscales (p.e. bonificaciones) con motivación ambiental también son muy escasos.
Las tasas comerciales se articulan principalmente en función de la actividad y la superficie, y son también infrecuentes los casos de beneficios fiscales que incentiven las buenas prácticas.
Según el autor “este panorama sugiere que el potencial de las tasas de residuos para mejorar la gestión de los residuos ha sido poco explotado”. La aplicación de esquemas de pago por generación,[1] de implantación aún minoritaria en España (solamente 8 municipios), pero con una tendencia hacia su generalización en Europa, es un ejemplo de la puesta en práctica de las capacidades de las tasas de residuos.
En 2015 (año de referencia del estudio), el valor medio de la tasa de residuos fue de 82,2 euros anuales por domicilio. Este valor es inferior en municipios de menos de 50.000 habitantes y superior en las capitales de provincia.
Viendo los resultados del estudio, Ignasi Puig apunta que «sorprende la enorme diversidad de las tasas de residuos entre los municipios, tanto a nivel domiciliario como comercial. Este hecho dificulta la comparación y por tanto incide sobre la transparencia». Según Puig «a medio plazo tendremos que acostumbrarnos a pagar por los residuos como por cualquier otro servicio, de acuerdo con el uso que hacemos. En el ámbito de los residuos en concepto de barra libre es un absurdo. De la mano de la recogida selectiva puerta a puerta en el futuro podremos pagar en función de los kilos o litros que generamos».