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Innovación ambiental al servicio de la sociedad
El Consejo de Ministros de pesca concluye 2019 con resultados decepcionantes
| Noticias| 20/12/2019

Tras dos días de intensas negociaciones, la madrugada del miércoles 17 de diciembre ha finalizado en Bruselas el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE. En él se han decidido los límites de pesca para 2020, conocidos como Totales Admisibles de Captura (TAC), para la mayor parte de las poblaciones de peces comerciales del Atlántico Noreste y mar del Norte.

Desde que entró en vigor la Política Pesquera Común (PPC) en 2014, los Estados miembro han tenido entre sus obligaciones alcanzar una pesca sostenible para todas las poblaciones como muy tarde en 2020. Más concretamente, la PPC indica que el índice de explotación del rendimiento máximo sostenible (RMS) se alcanzará en 2015 cuando sea posible, y a más tardar en 2020 para todas las poblaciones. Sin embargo, a las puertas de esta fecha límite, el progreso realizado en el Consejo de ministros de pesca ha vuelto a ser, un año más, insuficiente para cumplir con dicha obligación.

Si bien es cierto que en los últimos años se ha avanzado en la buena dirección y varias poblaciones de interés pesquero para la flota española se encuentran actualmente a niveles de biomasa sostenibles, tales como las poblaciones de gallos y de rape en el oeste de Escocia, mar Cantábrico y aguas ibéricas atlánticas; así como el stock norte de la merluza; el stock sur del jurel; o el lenguado europeo en el Golfo de Vizcaya, muchas otras poblaciones, en cambio, continúan sufriendo sobrepesca.

Entre las poblaciones con una presión pesquera superior a la recomendada como sostenible por el consejo científico del ICES -que es el organismo científico de referencia en la materia y en donde participa el Instituto Español de Oceanografía-, encontramos, por ejemplo, la merluza sur. Esta especie ha tenido un recorte del 5% con respecto la cuota del año anterior. Sin embargo, los niveles de captura de merluza sur permitidos en 2020 se encuentran un 32% por encima del RMS aconsejado científicamente (situándose así en el rango superior permitido por el Plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales). Por ello, aunque la biomasa de este stock está a niveles sostenibles, preocupa que la presión pesquera sobre esta población continúe siendo demasiado elevada.

No obstante lo anterior, las peores noticias parecen venir de varias poblaciones de bacalao, en particular el bacalao del mar Céltico cuyo estado es crítico, así como varias poblaciones de arenque, merlán o abadejo distribuidas en el mar del Norte, mar de Irlanda o mar Céltico. Especies para las cuales el Consejo de ministros ha establecido límites de pesca por encima de los niveles recomendados como sostenibles. Tanto es así, que, a la espera de poder hacer un análisis riguroso y en profundidad en las próximas semanas del acuerdo alcanzado, parecería que en 2020 se ha registrado un ligero aumento en el número de límites de pesca establecidos por encima de las recomendaciones científicas, con respecto al 2019. Un hecho que, de confirmarse, implicaría un retroceso con respecto el año pasado y un flagrante incumplimiento de los requisitos legales de la PPC.

Otro punto relevante a señalar, es que, en enero de 2019 entró en vigor la cobertura completa de la obligación de desembarque, conocida habitualmente como ‘prohibición de los descartes’. Esta normativa debería evitar las capturas accidentales y reducir al máximo las capturas no deseadas. Sin embargo, tras cinco años desde que se inició la puesta en marcha de esta normativa, se constatan pocos avances. Por ello, los Estados miembro (y la UE en su conjunto) deberían esforzarse mucho más en ajustar la capacidad de las flotas a los recursos disponibles, implementar medidas que mejoren la selectividad y asegurar un registro adecuado de los datos de todas las capturas. Por otro lado, cabe recalcar que a la hora de distribuir las oportunidades de pesca disponibles dentro de un mismo país, los Estados miembro deben mostrar valentía política y aplicar incentivos que favorezcan particularmente aquellas actividades pesqueras que demuestren ser más selectivas y tener un menor impacto ambiental. Un aspecto que, a pesar de estar contemplado en la PPC, apenas se ha desarrollado.

El cumplimiento de todos estos aspectos ayudaría sin duda a la consecución de unos ecosistemas marinos más resilientes, una pesca más justa y responsable, y ayudaría al mismo tiempo a luchar contra la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. Factores todos ellos que afectan la salud del océano y el futuro de las comunidades costeras.

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